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Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en 2023 se gestionaron en España más de 83.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales más de 6.400 afectaron directamente a empresas y ciudadanos. Aunque la cifra total ha descendido respecto a años anteriores, la sofisticación y el impacto económico de los ataques han aumentado notablemente, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que siguen siendo el objetivo principal.
Casi el 80 % de los ciberataques tienen una motivación económica, a través de técnicas como el ransomware, el phishing o el fraude del CEO. La cibercriminalidad continúa creciendo y, a nivel global, los daños económicos derivados de los ciberataques podrían superar los 8 billones de dólares anuales, según estimaciones de Cybersecurity Ventures, colocándose por encima del narcotráfico en volumen de negocio ilícito.
Además, el internet de las cosas (IoT) sigue siendo una de las superficies de ataque más vulnerables: dispositivos conectados como sensores industriales, vehículos, maquinaria o sistemas de climatización pueden ser comprometidos, con consecuencias que van más allá de lo digital. En el contexto de la Industria 4.0, esto implica riesgos operacionales, económicos e incluso físicos, afectando a la continuidad del negocio y la seguridad de las personas.
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